El cobro de contribuciones a las propiedades en Chile es un tema que afecta a miles de propietarios y genera un impacto significativo en la economía familiar. Este impuesto territorial, regulado por la Ley N°17.235, se aplica sobre el avalúo fiscal de los bienes raíces y debe ser pagado por quienes poseen inmuebles no exentos.
A pesar de que su propósito es financiar servicios municipales, el sistema de contribuciones ha sido criticado por su falta de transparencia, los constantes aumentos en los valores de los bienes raíces y su impacto en propietarios de ingresos medios y bajos. En 2024, la recaudación por contribuciones alcanzó los $2,5 billones, lo que representa un aumento del 10,9% respecto al año anterior, afectando aproximadamente al 40% de las propiedades a nivel nacional.
Este artículo analiza los efectos negativos del cobro de contribuciones, su impacto en la propiedad privada y las posibles alternativas para mejorar el sistema.
El impuesto a la propiedad: una forma de control estatal
El cobro de contribuciones se basa en el avalúo fiscal determinado por el Servicio de Impuestos Internos (SII), lo que significa que el Estado decide cuánto vale una propiedad y cuánto debe pagar su dueño por el simple hecho de poseerla. Este sistema ha sido criticado por su falta de claridad y por los constantes aumentos en los valores de los bienes raíces.
La Ley N°17.235 sobre Impuesto Territorial establece en su Artículo 1° que se aplicará un impuesto sobre el avalúo de los bienes raíces. Este avalúo es determinado por el SII y se reajusta periódicamente, lo que ha generado aumentos significativos en el monto a pagar por los propietarios.
El Artículo 9° de la misma ley señala que los valores de los bienes raíces pueden ser reajustados en función de mejoras introducidas por los propietarios, pero excluye ciertos incrementos derivados de obras privadas como represas, drenajes y caminos.
Efectos negativos del cobro de contribuciones
A pesar de su objetivo de financiar servicios públicos, el cobro de contribuciones ha generado diversos problemas:
- Expropiación encubierta
Si un propietario no paga sus contribuciones, el Estado puede embargar y rematar su propiedad. Esto convierte el impuesto en una forma de expropiación indirecta, donde el gobierno se apropia de bienes privados bajo el pretexto de la recaudación fiscal. - Desincentivo a la inversión inmobiliaria
El aumento constante de contribuciones desincentiva la compra de propiedades, afectando el mercado inmobiliario y reduciendo la capacidad de los ciudadanos para invertir en bienes raíces. - Falta de transparencia en el cálculo
El SII ha sido criticado por la opacidad en la determinación del avalúo fiscal. En 2024, se registraron 49 mil denuncias por aumentos injustificados en las contribuciones. - Impacto en propietarios de ingresos medios y bajos
Aunque existen exenciones para viviendas de menor avalúo, muchos propietarios de ingresos medios y bajos deben pagar contribuciones elevadas, afectando su capacidad económica.
Alternativas para la eliminación o reducción del impuesto
En varios países se ha debatido la posibilidad de eliminar los impuestos sobre bienes raíces o reducir sus tasas. En Chile, algunos sectores han propuesto revisar el sistema de contribuciones, asegurando que su recaudación sea más equitativa y que no afecte excesivamente a los propietarios de viviendas familiares.
Friedrich Hayek, en Camino de servidumbre, advierte que cuando el Estado expande su control sobre la propiedad privada, rara vez retrocede. La eliminación o reducción de las contribuciones podría ser un paso hacia un sistema más justo, donde los ciudadanos no sean penalizados por ser propietarios de bienes.
Conclusión
El cobro de contribuciones en Chile representa una carga que afecta la propiedad privada y la capacidad económica de los ciudadanos. Revisar el sistema y garantizar mayor transparencia y equidad es fundamental para evitar que se convierta en un mecanismo de expropiación encubierta.
Puedes revisar el texto completo de la Ley N°17.235 sobre Impuesto Territorial en la Biblioteca del Congreso Nacional o en el Servicio de Impuestos Internos.
